La noche del 5 de abril de 1992 Alberto Fujimori no solo dio la orden de “disolver, disolver” el Congreso e intervenir el Poder Judicial, la Contraloría General de la República o el Tribunal de Garantías Constitucionales, liquidando el orden democrático y liberándose de todo tipo de control para asaltar el país hasta convertirse en el gobernante más corrupto de nuestra historia republicana. Aquella noche también se aprestaba a disolver los doce gobiernos macro-regionales que habían configurado el primer proyecto geopolítico verdaderamente regionalista y descentralista en la vida peruana. De esta manera, el lunes 6 de abril los tanques militares no solo violentaron el Congreso de la República, también ocuparon las sedes principales de los gobiernos regionales y los clausuraron. Esta historia es menos conocida y lo que vino después ha sido un juego de máscaras.

Recentralizando el Perú: divide y vencerás

Con el desmantelamiento de las doce macro-regiones compuestas por dos y tres departamentos, la dictadura fujimorista recentralizó el poder. Aprovechando las ambiciones personales y el chauvinismo de muchos líderes locales, donde hubo 24 departamentos conformó 24 Consejos Transitorios de Administración Regional (CTAR) altamente dependientes del gobierno central, que a partir de 2002 se convirtieron en 24 regiones más el gobierno regional del Callao. Hoy estas alcanzan significativas potestades para el manejo de presupuestos y la dación de algunas normativas regionales; pero funcionan sobre todo como 25 pequeños feudos con una burocracia multiplicada y un manejo clientelar donde lo que menos importa es generar alianzas de gran envergadura y formular proyectos que enfrenten con eficacia al centralismo político, económico e ideológico que tantos perjuicios ocasiona al Perú en su conjunto.

La diversidad oprimida 

El plan recentralista de Fujimori iba más allá y ha tenido otras consecuencias desdichadas hasta el presente. Al disolver el Congreso, abolió un parlamento bicameral compuesto por 60 senadores y 180 diputados que le hubiera dificultado instalar su régimen autoritario y el neoliberalismo salvaje que puso los bienes del país a remate. Ahora bien, manipulando la animadversión de la población hacia el Congreso, desapareció la cámara de senadores y redujo los 180 diputados elegidos como representantes de la diversidad regional a un congreso unicameral de 120 representantes (que son 130 desde 2011). En este nuevo mapa, el centralismo ha ganado y se ha hecho aún más perverso. Lima, Lima provincias y Callao suman 44 representantes: el 33.9% del Congreso. Más dramático es observar que solo la provincia de Lima (Lima metropolitana), tiene 36 representantes (el 30% del Congreso), una cifra que sobrepasa la suma de las 10 regiones que componen el sur del Perú. Hay quienes alegan que esta repartición obedece a la población que reside en Lima metropolitana; no obstante, olvidan que esa representación hace y deshace con un territorio nacional que en su 99.79% no representa. Se trata de un desequilibrio funesto por el que las regiones más extensas y/o con mayores recursos naturales y diversidad étnica, no tienen una representación congresal suficiente para defender los intereses económicos, ambientales, políticos o socioculturales de las poblaciones que en sus vastos territorios habitan. De esta manera, los congresistas limeños pueden votar por amplia mayoría en favor de leyes que afectarán seriamente a poblaciones y territorios que desconocen; o pueden aprobar proyectos que eximen a muchas empresas de sus responsabilidades sociales, laborales o ambientales; o les minimizan los impuestos por su explotación de recursos en regiones como Arequipa, Puno, Cajamarca, Ucayali o Loreto. Si por estas leyes la población de estas regiones resulta contaminada o sus gobiernos locales reciben suman recortadas por recaudación de impuestos, no será la población limeña la que pague los platos rotos ni la que pierda más recursos. La diversidad geográfica y cultural de la que tanto nos vanagloriamos en discursos y afiches turísticos, en la realidad está severamente oprimida.

Esta situación perjudica a todas las regiones-departamentos del país. En el caso de mi región, el Cusco, en el congreso bicameral existente antes del golpe de Fujimori, en 1980, 1985, y 1990 hasta el 5 de abril de 1992, tenía 8 diputados (de 180). Desde 1995 y hasta la fecha, sin importar que su población se haya duplicado, ni que concentre innumerables recursos naturales y bienes arqueológicos e históricos sobre los que desde Lima se discuten leyes y concesiones, solo tiene 5 congresistas que poco pueden defender los intereses regionales (esto cuando son honestos). Por poner otros ejemplos, Cajamarca pasó de 10 diputados en 1992 a 6 a día de hoy; Piura se vio reducida de 11 diputados a 6 congresistas; Junín de 10 a 5. Y hay casos aún más escandalosos: Loreto, con un territorio que supone casi la tercera parte del Perú y concentra ingentes recursos naturales y las tasas más altas de diversidad étnica, solo tiene 4 representantes. Y está Madre de Dios, que siendo la región con mayor biodiversidad del continente e innumerables recursos ambicionados por demasiados actores formales e ilegales, solo tiene 1 representante en ese Congreso de 130. Esta desigualdad escandalosa, este centralismo perverso, sigue siendo pasado por alto porque el andamiaje ideológico por el cual está normalizada la creencia de que el Perú es Lima (“y provincias”).

Con un congreso tan centralizado a favor de Lima, particularmente de la provincia de Lima, el alto número de sus congresistas responde más a las demandas de sus electores y no es extraño que muchos de ellos multipliquen leyes a favor de esos sectores (cuando no de sus bolsillos) o que no fiscalicen los abusos que se puedan cometer en el resto del país. De este modo, la inversión y la atención puesta en hospitales, escuelas, universidades o programas sociales sigue concentrada en Lima metropolitana, mientras prosigue la desatención y el desdén del Estado, así como de los medios de comunicación “nacionales” a lo que ocurra en el resto del país, especialmente en el sector rural. Un círculo vicioso que en dos siglos de vida republicana no cesa.

Un centralismo cargado de racismo

Antes incluso del golpe de Estado de 1992, de un plumazo el gobierno fujimorista eliminó de los billetes nacionales todo rostro que no fuera blanco e impuso en ese elemento tan simbólico de la nacionalidad solo rostros criollos y costeños, en anverso y reverso. Como si hubiéramos regresado a los ensueños virreinales de la vieja república.

Sin poner en discusión el valor que puedan tener los personajes que desde 1991 aparecen en los billetes que usamos (Abelardo Quiñones, héroe de la aviación en el de 10 soles; Raúl Porras Barrenechea en el billete de 20; Abraham Valdelomar en el de 50; Jorge Basadre en el de 100 y Santa Rosa de Lima en el de 200); el caso es que no hay un solo rostro indígena, ni claramente mestizo, afroperuano o amazónico que pueda hablar de la población mayoritaria (y diversa) que compone el Perú. Lo mismo ocurrió con los reversos, todavía más centralistas: salvo la laguna Huacachina, en Ica, que aparecía en el billete de 50, todos los demás eran escenarios de Lima (y la avioneta de Quiñones). Recién en 2011, y tras la designación de Machupicchu como una de las siete maravillas del mundo, se dio lugar a esta edificación indígena icónica en un billete nacional; en el de menor valor, en reemplazo de la que la avioneta de Quiñones. Otros escenarios arqueológicos ocupan hoy los demás reversos. Es significativo que Caral, ubicado en Lima, sea el reverso del billete de 200 soles, el más caro, cuyo anverso también tiene un rostro limeño, Santa Rosa. 

A inicios de los años setenta, durante el gobierno de Velasco, fue un gran avance la aparición, por primera vez, de rostros mestizos e indígenas en los billetes nacionales, como los del Inca Garcilaso, Pachacutec o Túpac Amaru II junto a Hipólito Unánue, Grau y Bolognesi. Los reversos de estos billetes mostraban a obreros de la industria y la minería, pescadores, paisajes de la sierra, la amazonía y el altiplano, y a Machupicchu en el reverso del billete más caro (1000 soles de oro).

Esta representación de la diversidad se mantuvo en los años ochenta.Tras la devaluación que dio lugar a la aparición de los intis, siguieron apareciendo más escenarios y rostros de célebres mestizos, como los de Andrés Avelino Cáceres y César Vallejo. Estos billetes circularon hasta 1991.

Con el gobierno fujimorista toda esa diversidad fue borrada y el centralismo ideológico se intensificó. ¿Cuál era la intención? ¿Por qué un símbolo de tanto significado como el dinero (y dinero es poder) no podía estar asociado a rostros indígenas ni mestizos, ni amazónicos ni afroperuanos? Hay que apuntar que en 1991 sí aparecería por primera vez el rostro de una mujer y en el billete más caro: pero esta no podía ser otra que una mujer santa, blanca y sumamente limeña: Santa Rosa de Lima. 

El centralismo es también una expresión de racismo. La idea de que en las ciudades, especialmente en la urbe supuestamente “más blanca” y “moderna”, Lima, es donde mejor se puede discutir y analizar la diversidad de la realidad peruana es una idea racista. Deberíamos recordar que la normalidad con la que desde Lima se representa y toma decisiones sobre el destino nacional solo reproduce exclusiones perversas y sucesivas veces en nuestra historia ha dado lugar a tragedias.